El primer Colegio de Abogados fue fundando en el año 1810 y se mantuvo vigente hasta 1875. El principal promotor de su fundación fue el Oidor Antonio Norberto Serrano Polo.[1] Al momento de su fundación, se le conoció con el nombre de “Ilustre Colegio de Abogados del Reino de Guatemala”. Igualmente, en el año de su fundación se publicaron sus estatutos.[2] Se destaca la incorporación del Licenciado Juan Francisco Aguilar, nacido en Nicaragua, primer abogado en colegiarse quien marcó un precedente en la historia de la institución.[3]

     El Colegio recién fundado, estableció ciertos estatutos con la finalidad de regular el ejercicio de la profesión, uno de ellos establecía: “Nadie, que no sea matriculado en el colegio, podrá en manera alguna  ejercer la abogacía en la capital”[4]. Dentro de estos estatutos existían algunos muy rigorosos como una condición para lograr el registro en el colegio; por ejemplo, el interesado debía demostrar que sus padres y/o pretendiente no ejercieran algún oficio vil, pues se buscaba que la persona tuviera buenas costumbres y una vida ejemplar por lo que los aspirantes debían ser hijos legítimos y llevar una vida cristiana reconocida.

    Sin embargo, en 1832, cuando el Jefe del Estado de Guatemala era el Dr. Mariano Gálvez - quien promovió una de los más ambiciosos programas de modernización del Estado-, se emitió, entre otros, el decreto que fijó las Bases del Arreglo General de la Instrucción Pública del Estado de Guatemala.[5] En el contexto de estas Bases, se suprimió la Universidad de San Carlos y en su lugar se creó la Academia de Ciencias (o Academia de Estudios). Como consecuencia de ello, se suprimió también el Colegio de Abogados, pues sus atribuciones, que eran, entre otras, las de la enseñanza práctica a quienes cursaran la carrera de Derecho, fueron absorbidas por la mencionada Academia.[6]

En 1840, dos años después de la renuncia del Dr. Mariano Gálvez y durante el paulatino establecimiento del dominio conservador, se reestableció la Universidad de San Carlos. No obstante, el Colegio de Abogados fue reestablecido hasta 1846, básicamente con las mismas funciones que había tenido.[7] Así, se reestablece la vigencia de sus estatutos. Resulta interesante hacer referencia al artículo 118 de dichos estatutos que establecía las condiciones para graduarse como Abogado en el Estado de Guatemala, a saber:[8]

“Art. 118. Para recibirse de Abogado se necesita a más del grado de Bachiller en Derecho civil o Canónico, haber cursado por tres años la clase de Práctica Forense, practicado en el Bufete de algún Abogado el tiempo de cuatro años, de los cuales podrá dispensar con justas causas hasta 10 meses la Corte Suprema de Justicia, la que hará que se examinen los pretendientes a su satisfacción y hará instruir la formación sobre su vida y costumbres.”

   El licenciado Larrave, presidente electo del Colegio, expone en uno de sus discursos las bases del Colegio de Abogados, a saber:

“La asociación está inspirada y sostenida por el espíritu de concordia, moderación y caballerosidad” asimismo uno de los primeros logros que se  atribuyen al colegio fue establecer una Academia de estudios, en la cual había cátedra de Derecho Teórico-práctico y administrativo, y otra de Licenciatura Española y Derecho de Gentes.” [9]

     Sin embargo, con el advenimiento de la Revolución Liberal de 1871 y durante el Gobierno del General Justo Rufino Barrios, se declaró extinguida –nuevamente- la Universidad de San Carlos, sustituyéndose por la Universidad Nacional. En el decreto respectivo, se suprimió el Colegio de Abogados y se estableció que las funciones de éste, serían asumidas por la Facultad de Jurisprudencia.[10]

     Como puede apreciarse, la organización gremial de la abogacía en esta época de la historia, estuvo bastante vinculada, a la organización y estructuración de la educación superior. Tal y como ocurrió en esta época, con el advenimiento de las distintas reformas liberales (nos referimos a las lideradas por el Dr. Mariano Gálvez y el General Justo Rufino Barrios), y el interludio de los 30 años de dominio conservador, la organización gremial fluctuó de un esquema de organización independiente, a un esquema orgánico parte de la estructura universitaria.

2. Organización Gremial en los Siglos XX y XXI

     Con el asentamiento de la Reforma Liberal de 1871 y la sucesión de los distintos regímenes de gobierno, algunos de ellos tiránicos y despóticos, la organización gremial también sufrió sus respectivos vaivenes.

     Así, aún sin existir una organización gremial propiamente hablando, la Universidad Nacional, a través de su respectiva Facultad o Escuela –que, por cierto, cambió de nombre varias veces- se encargaría de proveer, como era de esperar, la instrucción a los profesionales del Derecho. Al respecto, es importante señalar que durante el Gobierno tiránico y déspota de Manuel Estrada Cabrera, la Asamblea Legislativa intentó dotar de autonomía a las distintas facultades que componían la Universidad Nacional. Sin embargo, Estrada Cabrera suprimió dicho intento y dispuso que las respectivas facultades dependerían de la Secretaría de Instrucción Pública. Más adelante se introdujeron reformas estructurales que dotaban a las facultades de la Universidad Nacional de organización propia, sujetas al Consejo Superior, cuyos funcionarios eran nombrados por el Presidente de la República.[11]

     Aunque no una organización gremial propiamente dicha, sino más bien, una de tipo estudiantil, en 1899 surgió la Asociación “El Derecho”, que tenía su respectivo órgano de divulgación con el mismo nombre.[12] Con la asunción de Estrada Cabrera al poder, sin embargo, se dieron las persecuciones propias del régimen y la Asociación operó, de alguna manera, al margen de la Facultad de Derecho de donde surgían sus integrantes.[13]

     Según da cuenta la página web del actual Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en 1922 se reintentó alcanzar una organización gremial y fue así como se fundó la Asociación de Abogados de Guatemala, que funcionó hasta principios del gobierno del General Jorge Ubico Castañeda. De la misma manera, se hace referencia a que en el año 1930, otro grupo de abogados decidió crear la “Barra de Abogados de Guatemala”, pero Ubico prohibió su funcionamiento en 1931. Así, la organización gremial estaría en suspenso o ebullición por más de una década más, al igual que ocurrió bajo la dictadura de Estrada Cabrera.[14]

     Con la renuncia de Ubico en julio de 1944 y la Revolución del 20 de octubre del mismo año, se dan las condiciones necesarias para la organización gremial; ello auspiciado por la emisión, bajo el gobierno del Dr. Juan José Arévalo, del Decreto 332 del Congreso de la República de Guatemala, que contenía la “Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el Ejercicio de las Profesiones Universitarias”. Este cuerpo normativo dotó de reconocimiento legal y oficial a las distintas asociaciones de graduados universitarios y disponía, en sus artículos 16 y 17, que los colegios profesionales debían someter sus estatutos a aprobación del Consejo Superior Universitario y una vez aprobados éstos, se dictaba resolución ordenando la inscripción del colegio respectivo.

     En el caso del Colegio de Abogados y Notarios actual, los estatutos fueron aprobados por el Consejo Superior Universitario en sesión de fecha 5 de noviembre de 1947 y su inscripción fue ordenada el 10 de noviembre del mismo año en el Libro de Actas de inscripción de colegios profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

     Así pues, con el fin de los gobiernos dictatoriales que ocuparon casi la primera mitad del siglo XX, se crea el ambiente propicio (tanto en cuanto a libertades se refiere, como en cuanto a bases legales) para que funcionen los colegios profesionales, como la forma de organización gremial por excelencia.

     El Decreto 332 promulgado durante el gobierno del Dr. Arévalo, fue derogado en 1991 con la emisión de una Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, emitida durante el gobierno del Ing. Jorge Serrano Elías. Muy probablemente esta Ley de Colegiación Profesional Obligatoria se emitió para hacerla consistente con la Constitución de 1985 emitida tan solo unos años atrás, y de corte distinto de la de 1945, que era la vigente al momento de emitirse el Decreto 332. Asimismo, en la Ley de Colegiación Profesional de 1991, puede notarse un cambio en el enfoque de los colegios profesionales y se les atribuye una función más social y pública, como puede verse en esta atribución: “i) Participar en el estudio y solución de los problemas nacionales y propiciar el mejoramiento integral de los guatemaltecos.” De allí que en los estudios de la Teoría General del Derecho, se tome a los colegios profesionales como personas jurídicas no estatales de derecho público.

     Por último, en el año 2001, bajo el Gobierno de Alfonso Portillo, el Congreso de la República emite una nueva Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, atendiendo a que “(…) las normas contenidas en el Decreto Número 62-91 del Congreso de la República, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, necesita[n] ser actualizada[s] y adecuada[s] a las disposiciones constitucionales relativas a la descentralización y al pleno ejercicio de los derechos políticos que permitan la igualdad de derechos y obligaciones de los profesionales que ejercen en todo el país.”

3. Participación en momentos históricos

     Después de haber abordado los momentos principales de la historia del Colegio de Abogados [y Notarios], es conveniente hacer un repaso por algunos otros puntos clave de la historia patria y el rol que en ellos ha tomado el Colegio (o la organización gremial o estudiantil que en su defecto haya existido a la sazón).

1. El fin de la tiranía de 1920 – Aunque la bibliografía consultada no da cuenta de que la “Asociación El Derecho” haya participado, como grupo, en las manifestaciones de 1920 que llevaron eventualmente a la renuncia de Estrada Cabrera, sí hay consistencia en señalar que los estudiantes, en general, fueron un grupo clave y protagónica en dichas manifestaciones.[15] Por ello, aunque no exista evidencia de una abierta participación de esta Asociación en sí, nos atreveríamos a sostener la hipótesis de que sí tuvo una participación importante, pero que dadas las circunstancias de opresión y persecución de la época –especialmente durante los últimos años del régimen- ésta no se llevó a cabo en forma abierta o evidente.

2. Las protestas de 1941 – El Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala da cuenta que en 1941, la “Asociación El Derecho” organizó protestas públicas en varias facultades de la Universidad “para denunciar problemas administrativos y docentes.” Es importante señalar, sin embargo, que fue ese mismo año que se reformó la Constitución vigente en aquella entonces, particular y únicamente con el objeto de extender el período presidencial de Jorge Ubico, a modo que terminara el 15 de marzo de 1949. Entonces, es probable que esta también haya sido otra razón que motivó las protestas públicas.[16]

3. La renuncia de las autoridades designadas por Ubico en 1944 – Asimismo, el Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, sostiene que la “Asociación El Derecho”, cuya junta directiva en aquella entonces estaba integrada por Mario Méndez Montenegro, Héctor Zachrisson, Manuel Galich, Carlos González Landford y Oscar de León Aragón, exigieron, en junio de ese año, la renuncia de las autoridades de la facultad que había designado Ubico, además de que declararon huelga general en la Facultad de Derecho.[17] 

4. La Crisis Institucional de 1953 – El Diario El Imparcial de febrero de 1953, da cuenta que la Asociación El Derecho, ante la amenaza que pendía sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de aquella época por parte del Congreso de la República, por haber admitido la primera un amparo en contra del Presidente de la República como máxima autoridad en materia de reforma agraria, organizó algunas protestas además de que declaró huelga en la Facultad.[18]

5. La Asamblea Nacional Constituyente de 1965 – Según informa la página web del actual Colegio de Abogados y Notarios, en 1965, el Colegio “(…) se pronunció en contra de la designación de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que redactaron dicho instrumento, ya que los mismos debieron haber sido electos, y no designados.”[19] De los constituyentes, la mayoría habían sido designados por el partido que representaba o era fiel al gobierno militar.

6. El Autogolpe de 1993 – El 25 de mayo de 1993, el entonces Presidente, Jorge Serrano Elías, emitió el Decreto Gubernativo 1-1993 (Normas Temporales de Gobierno), mediante el cual, aunque mantuvo la vigencia de la Constitución Política (de 1985), derogó varios artículos de este cuerpo normativo y disolvió el Congreso de la República, además de que dejó sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia. En síntesis, lo que Jorge Serrano llevó a cabo fue un “auto golpe de Estado”, en donde concentró en la figura presidencial, además de las atribuciones propias de su cargo, las legislativas. El Colegio de Abogados, entre otros actores importantes, se opuso rotundamente al tal rompimiento del orden constitucional y calificó de nulas ipso jure las normas temporales de gobierno emitidas por Serrano.

     En estas fechas –y a modo de conclusión- resulta interesante reflexionar en los orígenes del Colegio y los derroteros históricos dentro de los que ha transitado. Sin duda algunas, los regímenes despóticos y tiránicos de la primera mitad del siglo XX ahogaron todo germen de organización para la superación del gremio, pues como abogados (debidamente organizados) hubieran sido los primeros en alzar la voz contra los abusos cometidos en las dictaduras. Al caer el último de los dictadores, e iniciarse la primera transición a la democracia, el ambiente se vuelve propicio para el florecimiento de la organización gremial y ello va acompañado de la legislación que así lo sanciona. Asimismo, es importante ver la participación que el Colegio de Abogados y Notarios ha tenido en distintos momentos históricos, de trascendencia para la construcción del Estado.