El tribunal de alzada actuó en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. De otra parte, si el fallo le causó agravio al amparista no implica que haya vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, ya que la demanda que se entabló en su contra se resolvió en cumplimiento a las prescripciones legales aplicables al caso concreto y además dentro del juicio oral de fijación de pensión alimenticia el postulante tuvo la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que consideró pertinentes, por lo que la autoridad recurrida cumplió con su función exclusiva e independiente de juzgar y promover ejecución de lo juzgado, asimismo se encuentra en el ámbito de su competencia y actividad jurisdiccional debidamente garantizadas en los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para leer la sentencia completa, presione aquí