El artículo 71, del Código Procesal Penal, refiriéndose a los derechos que al imputado otorga la Constitución Política de la República (notificación de la causa de su detención, información de sus derechos, proveimiento de defensor y de no estar obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente; y de no ser condenado ni privado de derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal -artículos 7, 8 y 12- primordialmente) y el Código Procesal Penal (juicio previo, declaración libre, asistencia por defensor - artículos 4 , 15 y 20- entre otros), dispone que puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización. Esta norma se vincula con la contenida en el artículo 101, en cuanto autoriza pedir, proponer o intervenir en el proceso sin limitaciones, tanto al imputado como a su defensor. Tal vinculación para accionar lleva a entender que la ley procesal penal se adscribe a la aceptación de la representación tácita que el imputado confiere a su defensor para realizar toda diligencia que, cumplida por uno u otro, lleven al mismo fin que es el de garantizar al procesado la efectividad del debido proceso por cuanto éste está sometido a requerimientos técnicos que precisan el conocimiento y manejo de leyes, propias, en general, de los defensores por su condición de abogados. Representación para la defensa (peticiones, requerimientos, recursos; etc) que evidentemente no puede aceptarse para el cumplimiento de actos personales del imputado (declaración indagatoria por ejemplo). Para leer la sentencia completa, presione aquí

"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio." Cicerón.