1) Aspectos generales: la rentabilidad del crimen

     Es indudable que distintas acciones ilícitas reportan cuantiosos y atractivos beneficios económicos para quienes las ejecutan, de ahí que, en muchos de los casos, es el interés lucrativo el móvil determinante para el autor o partícipe del hecho[1]. 

     Entre otras conductas prohibidas altamente rentables es dable citar, a manera de ejemplo, determinados delitos, como los relacionados con el tráfico ilícito de drogas y de armas, la trata de personas o los actos vinculados a la corrupción, ilícitos que generan sorprendentes sumas de dinero a nivel mundial.

     Sin dejar de lado el daño que tales conductas penalmente sancionadas causan, existe otro fenómeno que desde hace varias décadas ha llamado la atención en el ámbito de la política criminal y la economía mundial, pues si bien resulta lógico que el producto del delito, para concretar aquel fin lucrativo, deberá traducirse en un incremento patrimonial de quien delinque, la cuestión se vislumbra agravada al considerar los medios utilizados para que los bienes procedentes de fuente ilícita satisfagan el interés económico perseguido y, más aun, si tales vehículos ocasionan o no un perjuicio añadido al que deviene del propio delito que les sirve de origen.

     De esa cuenta, desde la década de los años ochenta se generalizó a nivel mundial la alarma ante la introducción de dinero y demás bienes generados de conductas delictivas al tráfico económico con el fin de aparentar su origen legal, para lo cual, las organizaciones criminales (centrándose la preocupación en los grupos relacionados con el narcotráfico) hacían uso de distintas actividades comerciales, industriales y financieras[2].

     En tal sentido, distintos instrumentos internacionales hicieron eco de los problemas suscitados a raíz de la inserción de dinero de origen criminal, primero del tráfico ilícito de drogas y luego de cualquier actividad delictiva, en el contexto de las actividades económicas, reprochando, entre otras cosas, el favorecimiento que ello suponía para la realización de ulteriores delitos, así como la expansión de sus efectos perjudiciales más allá del territorio donde se hubiera cometido el hecho, al punto que se entendió que se trataba de un fenómeno de carácter transnacional[3].

     Así, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988, determina la necesaria tipificación por los Estados parte de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, así como de aquellas conductas tendientes a la conversión, transferencia, ocultamiento o utilización, entre otras acciones, de los bienes provenientes de tales delitos. De igual forma, la Convención contiene distintas disposiciones relativas al decomiso de esos bienes y a la cooperación internacional sobre la materia[4].

     Por su parte, más de una década después, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada en Palermo en el 2000, en congruencia con la Convención de Viena, reitera el compromiso de los Estados de penalizar el “blanqueo” del producto del delito, constituyendo el primer instrumento en el marco de la Organización de las Naciones Unidas que emplea este término.

     De esa cuenta, la Convención de Palermo recoge, en términos generales, las conductas cuya tipificación se requería a los Estados en el instrumento de 1988, con la diferencia de que, en esta ocasión, no se limita el objeto material a los bienes originados del tráfico ilegal de drogas, sino que requiere su aplicación “a la gama más amplia posible de delitos determinantes”[5]. Asimismo, esta Convención establece una variedad de medidas administrativas dirigidas a facilitar la supervisión y el control de las instituciones del sistema financiero para combatir el blanqueo de capitales[6].

     Es así como a partir de los compromisos adquiridos distintos Estados procedieron a incorporar a sus legislaciones penales la tipificación de las conductas enunciadas en los instrumentos citados[7] –blanqueo de capitales o lavado de dinero, entre otras denominaciones legales conferidas– como respuesta ante una forma de criminalidad que, si bien sus antecedentes históricos superan en tiempo a los pronunciamientos internacionales sobre la materia[8], la conciencia global sobre sus efectos y repercusiones es relativamente reciente, debido, principalmente, a la dimensión del perjuicio causado, el que ha alcanzado niveles nunca antes estimados en proporción y expansión, como se enuncia en los instrumentos antes mencionados, a los que se suma un catálogo mucho más amplio de declaraciones, recomendaciones y acuerdos multinacionales[9].

     2) La denominación utilizada

     El término “lavado de dinero” (en inglés: money laundering), surgió en la época de las grandes mafias existentes en las ciudades estadounidenses de Chicago y Nueva York, destacando la figura de Alphonse Capone. Alrededor de los años veinte, los desórdenes surgidos a raíz de la prohibición del alcohol mediante la emisión de la denominada “Ley Volstead”, desembocaron en el surgimiento de grandes industrias delictivas dedicadas a la preparación, destilación y distribución de cerveza y licor.

     Capone y sus socios, con el objeto de dar apariencia legal a las ganancias obtenidas de aquellos actos, invirtieron en negocios de lavandería y tintorería; de esta manera, el dinero que provenía de los ilícitos cometidos, a los que se sumaban el tráfico de armas, extorciones y prostíbulos ilegales, era mezclado con los beneficios obtenidos del lavado y entintado de textiles, servicios que generalmente eran pagados en efectivo. Así, ante las autoridades fiscales se presentaban sumas de las que no era posible distinguir qué dinero provenía de una u otra actividad, es decir, qué dólares tenían una fuente lícita y cuáles no, logrando evitar con ello la aplicación de la ley, situación que, por lo ilustrativo del término, se denominó, en su traducción al español, lavado de dinero. Para finalizar este sucinto relato histórico, vale mencionar que en 1931, Capone fue declarado culpable de los delitos de evasión fiscal y venta ilícita de licores, pasando un poco más de siete años y seis meses en prisión[10].

     No obstante, con absoluta independencia de su origen, el término no carece de expresividad y cierta lógica, al denotar que si los bienes procedentes del delito se consideran “sucios”, su afloramiento a la legalidad podría ser calificado como un proceso de “lavado” o “blanqueo”[11], aunque, se reitera, no es ese el contexto original en el que surgió.

     Una vez apreciado el origen del nombre que identifica esta actividad ilegal, es preciso indicar que autores como Díez Ripollés denotan la conveniencia de utilizar, para la denominación legal del delito, en lugar de las palabras blanqueo o lavado de capitales, términos más técnicos como “regularización”, “reconversión”, “naturalización” o “normalización” de capitales de origen delictivo[12].  Asimismo, Ruiz Vadillo indica preferir el término “legalización”, para referirse a actividades de lavado[13].

     Con todo, según comenta Fabián Caparrós, haciendo hincapié en que el tema del nombre no merece mayor atención por tratarse de una cuestión estrictamente formal, la Real Academia Española ha definido, desde hace algún tiempo, el verbo blanquear como: “ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”[14], lo que puede apreciarse de la simple consulta al Diccionario[15].

     Por otro lado, distintas legislaciones, al igual que algunos de los instrumentos internacionales antes citados (entre los que resalta, claro está, la Convención de Palermo de 2000), han adoptado sin mayores reservas los términos “blanqueo de capitales” o “lavado de dinero”.

     Como ejemplo de lo anterior, cabe citar el ordenamiento portugués que regula el branqueamento de capitais (blanqueo de capitales), conforme a la Ley 11/2004, de 27 de marzo[16].  En Francia, el Código Penal tipifica en el Capítulo IV del Título II, Libro III, el delito du blanchiment (blanqueo), conforme a los artículos del 324-1 al 324-9, regulación que fue introducida mediante la Ley 96-392, de 13 de mayo de 1996[17].

     En el caso de Italia, el delito es denominado riciclaggio (reciclaje)[18], conforme al artículo 648 bis del Código Penal, reformado en 1990[19]. Al respecto, según Fabián Caparrós, fue el ordenamiento de este país el que primero incorporó la tipificación sobre lavado de dinero, mediante una reforma introducida al Código Penal en 1978. Este antecedente tuvo como objeto específico impedir que se continuaran cometiendo determinados delitos generadores de ganancias económicas y que venían intimidando a la población, como el secuestro, recurriendo a la ley penal para sancionar determinadas conductas post-delictivas a fin de obstaculizar el aprovechamiento de las rentas ilícitas que pudieran producirse, con lo que se pretendía disuadir a los futuros delincuentes: A pesar de que esta finalidad político-criminal podría no responder al bien jurídico que se intenta proteger mediante la tipificación del blanqueo o lavado de dinero, conforme a la doctrina mayoritaria en la actualidad, su configuración sirvió de punto de partida al que han respondido distintas reformas legales en materia penal alrededor del mundo[20].

     Alemania, por su parte, tipifica el delito denominándolo geldwäsche (lavado de dinero)[21], conforme a la regulación contenida en el Código Penal (§ 261)[22], término que es igualmente utilizado en Austria y la región suiza de habla alemana (geldwäscherei)[23].  Así también, en el Reino Unido[24], como sucede en los Estados Unidos de América[25], la conducta prohibida se denomina money laundering (lavado de dinero).

     En el plano latinoamericano, por citar algunos ejemplos, Brasil tipifica el delito de lavagem de dinheiro (lavado de dinero), sancionando la transformación de dinero ilícito, así como de valores, bienes y derechos que provengan de una lista taxativa de delitos precedentes[26]. En Argentina, el delito se denomina lavado de activos de origen delictivo, habiéndose reformado el Código Penal mediante la Ley 25.246, de forma que cualquiera de los delitos recogidos en dicho Código o en otra ley penal especial puede considerarse previo a la conducta sancionada[27]. Por último, en el caso de Guatemala, el Decreto 67-2001 del Congreso de la República, Ley contra el lavado de dinero u otros activos, tipifica el delito, sin determinar un listado de ilícitos que puedan figurar como antecedentes de dicha acción.

     3) El concepto de lavado de dinero

     Fuera de la denominación utilizada, lo que realmente importa es delimitar conceptualmente a qué se hace referencia con el término “lavado de dinero” y, a partir de ello, determinar el ámbito de protección de este ilícito penal.

     En tal sentido, para Díez Ripollés, se trata de: “los diversos procedimientos por los que se aspira a introducir en el tráfico económico-financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos a partir de la realización de determinadas actividades delictivas especialmente lucrativas, posibilitando así un disfrute de aquellos jurídicamente incuestionado”. Según el autor, la problemática trasciende de las meras ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, debiendo ampliarse al resto de acciones concernientes a la criminalidad organizada [28].

     Para Cobo del Rosal y Zabala López-Gómez, consiste en “traer al tráfico lícito de bienes, cosas o bienes de procedencia ilícita (delictiva), y que sin transformación permanecerán ocultos para el tráfico jurídico. Por tanto, la conducta consiste en dar apariencia de lícito a bienes de procedencia penalmente ilícita”[29].

     Según Díaz-Maroto y Villarejo, el delito está constituido por “el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero”[30].

     Para Gómez Iniesta, el delito se desarrolla ante ilícitos como el tráfico ilegal de drogas que generan “enormes beneficios económicos que necesitan ser introducidos en el circuito económico, comercial y financiero hasta darles apariencia de licitud”.  Añade el autor que la apertura internacional de los mercados financieros conlleva la inevitable extensión de los efectos ocasionados con estas acciones ilícitas, los que van más allá del territorio de un país[31].

     Indica Fabián Caparrós, luego de detallar los elementos integrantes de la definición, que por blanqueo de capitales (o lavado de dinero) se entiende lo siguiente: “proceso tendente a obtener la aplicación en actividades económicas lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva concesión a la misma de una apariencia de legalidad”. Para el autor, a tal noción se refieren términos como “lavado”, “reciclaje”, “normalización”, “reconversión” o “legalización” de bienes, en tanto sean utilizados en el contexto que se estudia[32].

     Por su parte, señala Calderón Cerezo que bajo la denominación de blanqueo de capitales “se comprende una serie de conductas encaminadas a la incorporación al tráfico económico legal de bienes, dinero, ganancias y beneficios en general procedentes de actividades delictivas, para hacer posible su disfrute jurídicamente incuestionado”[33].

     Para Blanco Cordero se trata de “un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”[34].

     Por último, cabe mencionar el concepto de Cassani, citada por Álvarez Pastor y Eguidazu Palacios, quien explica lo siguiente: “El blanqueo de dinero sucio es el acto por el cual la existencia, la fuente ilícita o el empleo ilícito de recursos son disimulados con el propósito de hacerlos aparecer como adquiridos de forma lícita. Blanquear dinero es reintroducirlo en su economía legal, darle la apariencia de legalidad y permitir así al delincuente disfrutarlo sin ser descubierto”[35].

     Como se aprecia, los distintos conceptos citados, aun cuando no se muestran idénticos, resultan congruentes entre sí, denotando los distintos elementos que caracterizan las actividades concernientes al blanqueo de capitales o lavado de dinero. En tal sentido, dentro de los referidos elementos es menester resaltar, en primer lugar, que el concepto bajo estudio se refiere, básicamente, a un proceso[36], es decir, a un conjunto de actividades que tienen por objeto dar apariencia de legalidad al dinero originado de actividades ilícitas.  De esa cuenta, distintas instituciones internacionales han intentado delimitar las fases o etapas que tienen lugar en el contexto del lavado de dinero.

     Para el efecto, cabe citar a la Federación de Banca de la Comunidad Europea –FBCE–, que distingue tres etapas de la manera siguiente: a) la colocación o inserción de importantes cantidades de dinero en el sistema bancario; b) la estratificación de los fondos, mediante una serie de operaciones financieras dirigidas a ocultar su origen ilícito; y c) la reintroducción de los bienes a la economía, en la que aparecen con una supuesta procedencia legal[37].

     Asimismo, el Grupo de Acción Financiera –GAFI–[38], en 1990 elaboró un estudio denominado: “La tipología del blanqueo de capitales”, describiendo igual número de fases, sin perjuicio del grado de complejidad que el proceso pueda desarrollar.  Estas tres etapas pueden resumirse así: a) fase de colocación, en la que el delincuente o la organización intenta desprenderse materialmente de las sumas de dinero que genera su quehacer ilícito, mediante el depósito del efectivo (en ocasiones en exorbitantes cantidades) en establecimientos financieros de distinto tipo, como bancos, cajas de ahorros, casas de cambio de moneda u otros; trasladándolo a variadas clases de negocios o, incluso, adquiriendo títulos valores u otros documentos o bienes; b) fase de enmascaramiento o conversión, en la que tienen lugar complejas operaciones financieras mediante las cuales se busca desligar los bienes de su origen delictivo, siendo esta la fase de blanqueo o lavado propiamente dicha. Para ello, entre otras operaciones, se recurre a las transferencias electrónicas del dinero, a la conversión de este en distintos instrumentos de pago o a la reventa de los bienes originalmente adquiridos y c) fase de integración, que, finalmente, confiere apariencia de legalidad al patrimonio de origen criminal, recolocando los fondos en el tráfico económico como si de bienes de lícita procedencia se tratara, lo que permite al interesado “justificar” la fuente legal del capital, para lo cual se recurre a distintas inversiones, a la utilización de empresas pantalla o a la complicidad de la banca, entre otras conductas[39].

     Como segundo elemento determinante, resalta el objeto material sobre el que recae el lavado, es decir, el capital de origen ilegal, entendiéndose comprendido en este concepto no solo el dinero, sino cualquier bien o beneficio de carácter apropiable y transmisible, que entrañe una ventaja económica y que tenga su origen o proceda de la comisión de una conducta tipificada como delito por la ley penal[40].

     Por último, es menester considerar el carácter instrumental del delito de lavado de dinero, el que no es sino un medio para obtener riqueza[41]. En efecto, el producto del delito, para satisfacer el interés económico de sus perpetradores, requiere una previa conversión, la que, una vez consumada, permitirá a aquellos agenciarse de determinados recursos que incrementan su patrimonio; y es que sin el lavado o blanqueo de capitales, las ganancias obtenidas del delito carecerían de interés, pues se hace imposible su utilización en el consumo de bienes y servicios de tráfico legal[42].

     En tal sentido, la obtención de cuantiosas sumas en efectivo, originadas de una conducta penalmente sancionada, hace necesario su lavado como acción utilizada para evitar sospechas por parte de las autoridades acerca de la ilicitud de su fuente. Ahora bien, ese proceso de conversión se torna imprescindible ante casos en los que el producto del delito no se concreta en dinero, sino en joyas, obras de arte u otros bienes de valor económico apreciable, en los que, para disponer de sus ganancias, el interesado habrá de someter estos a una “transformación” o “reciclaje”, actuando de tal forma que impida la aplicación de la ley y logre el aprovechamiento de sus beneficios impunemente.

     Aunado a estos elementos, cabe mencionar otras características particulares que inciden en el lavado de dinero, las que, si bien no concurren en todos los casos, podría afirmarse que en la actualidad se encuentran ampliamente generalizadas.

     Entre estas características destaca el despliegue internacional de las actividades de lavado, fomentadas, principalmente, por la apertura de las fronteras en la circulación de personas, bienes y servicios, la facilidad y rapidez en las transacciones económicas, y, en términos amplios, en la progresiva internacionalización del comercio y las finanzas. Con ello, es lógico que las actividades de lavado se desglosen, en todo o parte, en lugares distantes de aquel donde se cometió el delito del que provienen los capitales y, a la vez, que las repercusiones de su comisión tengan efectos en ambos o, incluso, en los territorios de otros Estados[43]. Situación esta última que ha dado lugar a reconocer la aplicación de la ley penal nacional sin importar que el delito previo del que se originan los bienes o los actos propios de lavado se cometan, total o parcialmente, en el extranjero[44].

     Por otro lado, resalta también la magnitud del volumen de los capitales que son objeto de lavado, derivado del alto índice de ganancias provenientes de ciertas actividades delictivas, como el caso del narcotráfico, lo que conlleva distintas consecuencias, entre las que pueden mencionarse el empleo de distintas, variadas y novedosas técnicas en el proceso de conversión, la complejidad y profesionalización de las organizaciones criminales[45] y, más aun, la intervención de sujetos e instituciones que en principio no se identificaban con esta clase de operaciones, al punto que no es sorprendente en la actualidad la existencia de amplias redes de corrupción ligadas con el lavado de dinero, en las que potentados empresarios, líderes políticos o autoridades gubernamentales y, con ellos, importantes empresas, partidos políticos y organismos públicos, incluidos los propios entes sobre los que recae la función de prevenir y reprimir estas conductas, se ven inmersos en complejas tramas dedicadas a la transformación de bienes originados de distintos delitos[46].

     A partir de las anotas anteriores, es importante mencionar que las operaciones de blanqueo de capitales, aunque no en todos los casos, tienen vínculos estrechos con la criminalidad organizada.  En tal sentido, sin pretender agotar una materia que ha sido objeto de diversos estudios y debates, cabe intentar resumir algunos de los factores que la doctrina ha asociado con dicha noción.

     Así, al hablar de criminalidad organizada es evidente que se hace referencia a una agrupación, es decir, a una colectividad de personas dedicada a la comisión de delitos considerados graves, entre los que, a manera de ejemplo, puede mencionarse el tráfico ilícito de drogas, de armas o de obras de arte, los que son ejecutados con ánimo de lucro, como móvil determinante de sus acciones, y que generan, la mayoría de las veces, cuantiosos beneficios económicos.  Estos elementos, según explica Choclán Montalvo, se suman a factores como la distribución de tareas y el ánimo de permanencia existentes en la organización, la que es regida mediante un control interno propio[47].

     Cabe agregar, además, que estas organizaciones actúan cuales modernas entidades mercantiles dedicadas a la “industria del crimen”, como se aprecia de la racionalización con que administran sus recursos materiales y humanos, la expansión de su actuar delictivo a distintas y lejanas áreas geográficas, la interrelación existente entre las propias redes criminales y, especialmente, el interés lucrativo que les mueve, buscando maximizar de la mejor manera sus “ganancias”[48]. Para ello, los grupos delictivos se valen de distintas estructuras comerciales, financieras e industriales existentes, e, incluso, como se hizo mención, de la presión sobre el poder político y la corrupción, a fin de materializar sus objetivos económicos, situación que acontece en el contexto del lavado de dinero.

     La criminalidad organizada, apunta Monteiro Guedes Valente, tiene como objetivo inmediato el lucro rápido, mientras que sus objetivos a mediano plazo lo constituyen el logro del poder económico, social y político, para así mantener el entramado productivo, industrial y no industrial, generando mayores beneficios económico-financieros ilícitos e ilícitos, a sabiendas que estos últimos deberán ser objeto de lavado para su introducción en el flujo legal del mismo sector[49].

     Conforme a lo expuesto, según Foffani, el lavado de dinero constituye la más característica forma de criminalidad económica derivada de la creciente criminalidad organizada, configurando un fenómeno delictivo que, al realizarse por medio de instituciones bancarias o financieras, bien puede presentarse como una mera “instrumentalización” de la economía, lo que se aprecia de la utilización de los intermediarios financieros, o, más peligroso aun, como un “control” de las actividades económicas, haciendo surgir verdaderas estructuras financieras que son dominadas por organizaciones delictivas[50].

     Como corolario, el lavado de dinero consiste en una compleja actividad conformada por distintas y variadas acciones y procedimientos dirigidos a hacer ingresar en el tráfico económico los bienes surgidos de la comisión de conductas tipificadas como delitos, con el fin de aparentar su legal procedencia y, de esta forma, facilitar su aprovechamiento sin cuestionamientos o reproches por parte de la autoridad.

     Asimismo, por sus características, el lavado de dinero resulta un instrumento útil para la criminalidad organizada, a fin de concretar los fines lucrativos que determinan su actuar delictivo.

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